Chile blinda las fábricas: inspectores en busca de migrantes sin papeles
Frank Sauerbaum lo ha dicho sin rodeos: los inspectores del Servicio Nacional de Migraciones van a entrar en las empresas. No con traje de gala, sino con un mandato claro: detectar a quienes trabajan sin papeles. La frase que quedará grabada es que «no será una caza de brujas». Lo que vendrá después, sin embargo, huele a expediente y, posiblemente, a despidos en cadena.
Una falta, no un delito: la puerta giratoria jurídica
El detalle que pocos leen es que entrar ilegalmente a Chile sigue siendo, hoy, una simple falta administrativa. Sauerbaum lo ha recordado para justificar por qué muchas compañías pagan sus cotizaciones sin problemas, pero ignoran la ley migratoria. La inspección del trabajo, explica, no pregunta por el estatus migratorio. Así se construye una economía paralela con nómina formal: mismo recibo de sueldo, dist riesgo de deportación.
El gobierno de José Antonio Kast quiere cambiar esa lógica. La receta: multar al empleador y, de paso, aumentar la presión sobre el trabajador sin visa. La amenaza no es solo la expulsión; es la inhabilitación para volver a contratar extranjeros. El mensaje es indirecto pero demoledor: «Si te dan trabajo, serás tú quien cierre la puerta a los que vienen detrás».
182 Mil expedientes congelados y una herencia que pesa
La semana antes de dejar La Moneda, el equipo de Gabriel Boric firmó un decreto para regularizar a 182.000 personas empadronadas. El documento llegó a la mesa de Kast y se quedó ahí. Sauerbaum ha precisado que, de ese grupo, 6.000 tienen antecedentes penales. El argumento oficial: la ciudadanía lo rechazó. La traducción: un gesto de mano abierta se convirtió en ancla para la oposición.
El episodio revela otra grieta. Mientras la administración saliente apostó por la integración, la nueva ejecutiva prefiere el muro. Literal. Días después de asumir, Kast visitó Arica para inaugurar las obras de una barrera física en la frontera con Perú. La fotografía fue tan explícita como el discurso: el norte de Chile será el primer filtro y la empresa privada, el segundo.
La promesa electoral era clara: echar a 337.000 migrantes irregulares, la mayoría venezolanos. Ahora se trasladan los inspectores a las líneas de producción. El despliegue será selectivo: primero los sectores donde «se incurre con más frecuencia». La lista no se ha publicado, pero el sector agrícola, la construcción y los call center ya se frotan las manos. El costo de la mano de obra barata está a punto de subir.
El plan incluye endurecer el Código Penal: quien ayude a cruzar la cordillera podría enfrentar cargos penales. La ilegalidad dejará de ser una falta para convertirse en delito. Entonces la cadena será perfecta: frontera cerrada, empresa auditada, calle vigilada. Y el migrante, sin espacio ni para el error.
La ironía es que Chile sigue necesitando trabajadores. La tasa de desocupación está en su nivel más bajo en una década y la población envejece. Pero el cálculo político ha primado: un voto anti-migración vale más que un puesto sin cubrir. Sauerbaum lo ha resumido con una frase que suena a cartel de advertencia: «Buscamos efecto disuasorio, no punitivo». En la práctica, la diferencia es un punto y aparte en el acta de inspección.