El salvador blinda la cadena perpetua para niños de 12 años y la onu estalla: «revisadlo ya»
La Asamblea Legislativa de El Salvador acaba de cruzar una línea roja: cadena perpetua para menores de 12 años. La respuesta de la ONU no se ha hecho esperar: «Revisadlo con prontitud», ha espetado Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El mensaje, lanzado desde Panamá, suena a ultimátum.
El paquete de leyes que blinda al «terrorista» de primaria
El 26 de marzo, bajo el sello de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, se aprobó una reforma constitucional que permite la cadena perpetua para violadores, homicidas y pandilleros. La novedad: los menores entran en el lote. Con la excusa de «garantizar la seguridad», se abre la puerta a que un niño de 12 años muera dentro de una cárcel salvadoreña.
El mecanismo es siniestro. La condición de «terrorista» se aplica a quien pertenezca a una mara; la pena, revisable solo cuando el reo cumpla 25 años de reclusión. Hacer los cálculos: un adolescente de 14 podría salir —si es que sale— con 39 años y la mitad de la vida perdida entre rejas.
La convención sobre los derechos del niño, papel mojado en san salvador
La ONU recuerda que El Salvador ratificó ese tratado en 1990. Su artículo 37 es claro: la privación de libertad debe ser «medida de último recurso y durante el período más breve posible». Hurtado lo resume así: «La detención prolongada es profundamente perjudicial para el desarrollo infantil y reduce a cero sus posibilidades de reintegración.»
El gobierno desoye. La estrategia de Bukele se ha construido sobre cifras de homicidios en picada y fotos de presos tumbados en fila. El coste social empieza a verse: 63.000 detenidos desde 2022, según datos propios, y denuncias de la sociedad civil que hablan de 1.500 niños ya encerrados en centros de contención, muchos sin proceso.
El negocio de la cárcel eterna
Detrás del discurso de «mano dura» hay una industria. El presupuesto penitenciario salvadoreño creció un 42 % en dos años; el nuevo mega-centro de Tecoluca, con capacidad para 40.000 reclusos, se licitó por 600 millones de dólares. Meter menores perpetuiza el flujo: más condenas largas equivalen a más subvenciones y más control político del aparato carcelario.
La comunidad internacional observa, pero no frena. El Fondo Monetario Internacional acaba de desembolsar 1.300 millones de dólares en apoyo al «plan de seguridad». El silencio de los inversores habla más que cualquier declaración: la deuda externa de El Salvador ya roza el 90 % del PIB y la calificación crediticia sigue en territorio «especulativo».
El precio de una foto viral
Bukele ha convertido la cárcel en espectáculo. La última gira propagandística dentro de Tecoluca incluyó dron, música épica y custodia de prensa internacional. Lo que no se filma es la cola de madres que esperan afuera para saber si sus hijos siguen vivos. La ONU insiste: «Mejorar las condiciones penitenciarias es esencial.» La realidad: hacinamiento del 300 % y denuncias de tortura sistemática.
La reforma ya es ley. Solo queda la presión externa y un eventual fallo de la Corte Interamericana. Mientras tanto, en El Salvador un niño de 12 años puede recibir la misma condena que un adulto. La frase que cierra el comunicado de Hurtado retumba como una sentencia: «No hay seguridad duradera sin justicia para los más vulnerables.» San Salvador no escucha. El reloj corre para los menores que ya empiezan a cumplir cadena perpetua antes de conocer la secundaria.