Hotel en obras en mallorca: 64 ilegales en una sola inspección y multas que pueden llegar al millón
En plena Manacor, un ladrillo caía y la policía encontró un ejército de sombras. 64 trabajadores sin papeles, 384 contratos revisados, tres detenidos por documentación apócrifa y una cifra que hiela la sangre a cualquier empresario: 640.000 euros de sanción inicial que, advierte la Inspección de Trabajo, puede estallar «de forma exponencial» cuando concluya el escrutinio.
Una red que se desmorona con el primer golpe de maza
El operativo fue tan rápido como discreto. Agentes de la UCRIF —la unidad especializada en redes de inmigración y falsedades— irrumpieron la mañana del miércoles en el hotel en reformas. Se habían citado con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, pero nadie en la obra esperaba la magnitud del despliegue: 42 empresas, 384 nóminas y una lista de nombres que no cuadraban con los seguros.
Lo que siguió fue un cotejo febril de DNI, nie y contratos. Apenas unas horas después, los investigadores ya tenían el mapa del fraude: 64 pakistaníes, senegaleses y marroquíes que cobraban en negro, dormían en barracones sin licencia y ni siquiera figuraban en la seguridad social. Tres de ellos llevaban pasaportes y permisos de residencia tan bien falsificados que la validación telemática tardó varios minutos en desmentirlos.
El coste real de una habitación barata
La cuenta es brutal. Por cada empleado irregular, la ley impone 10.000 euros de multa mínima. Multiplique por 64 y ya habla de 640.000 euros. Pero aquí no termina la historia. Los inspectores sospechan que parte del personal «legal» tampoco estaba dado de alta o carecía de contrato. Cada nuevo caso suma otros 10.000 euros y abre la vía penal a los administradores. La factura final, confiesan en el Ministerio de Trabajo, podría rozar el millón.
El golpe llega en el peor momento para la hostelería balear. El sector lleva dos años llorando falta de mano de obra y, al mismo tiempo, denunciando la competencia de quienes se ahorran la seguridad social. La patronal HA dijo este jueves que «casos aislados como el de Manacor» ensucian la imagen de toda la industria y reclaman más controles «para que no gane el que más explota».
Mallorca, espejo del modelo español
La isla concentra el 8 % de los expedientes sancionadores de la Inspección en lo que va de año. El motivo es doble: la presión turística obliga a acelerar obras y contrataciones, y la trama migratoria tiene aquí su puerta sur de Europa. La UCRIF ha duplicado actuaciones desde 2022 y prevé cien operativos más antes del verano. «No es sólo competencia desleal —advierte un inspector—, es dumping social que arrastra salarios enteros hacia abajo.»
Mientras tanto, los 64 trabajados pasaron la noche en los calabozos de Palma. Algunos firmaron su propia deportación voluntaria a cambio de no pagar la multa. Otros aguardan un recurso que, en la práctica, puede prolongarse años. En la obra, la grúa sigue moviendo hierros. La reforma del hotel acabará, según el promotor, «en tiempo y forma». Pero el precio de esa premura ya tiene nombre y apellidos: 64 hombres sin rostro y una cadena de facturas por pagar.