Koldo y ábalos forzan la cárcel para poder defenderse juntos ante el supremo
Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, ha tirado del manual de urgencia: pide al Tribunal Supremo que permita que su cliente y José Luis Ábalos se reúnan cara a cara con sus respectivos equipos jurídicos dentro de la prisión de Soto del Real. El motivo: sin esas reuniones, dicen, la defensa es papel mojado ante un expediente que supera los mil folios y cientos de archivos digitales sobre la compra de mascarillas.
El escrito, al que ha tenido acceso NuoveFrontiere, llega tras la negativa de la Subdirección de Seguridad del centro penitenciario. De la Hoz califica la decisión de «indefensión material» y apela a una autorización «excepcional y proporcional» que incluya ordenador portátil, soporte de almacenamiento y una sala sin mamparas. La petición no es una flor: un funcionario de la cárcel les recomendó por escrito que formalizaran la solicitud para poder organizarla. La respuesta fue un no rotundo.
El pacto entre defensas que el muro de cristal del locutorio rompe
Detrás de la petición hay un acuerdo total entre De la Hoz y Marino Turiel, letrado de Ábalos. Ambos abogados han decidido articular una estrategia conjunta: los hechos que se imputan a sus clientes —presuntas comisiones y adjudicaciones exprés de contratos de compraventa de mascarillas— están entrelazados hasta el tuétano. «Sin reuniones conjuntas es imposible contrastar versiones y revisar la documentación intervenida que afecta a ambos», sostiene el escrito.
La complejidad del caso se traduce en cifras: la Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19,5 años para Koldo y 7 años para el empresario Víctor de Aldama. El juicio arranca el 7 de abril y ya hay 70 testigos citados en 13 sesiones. Con ese calendario, los letrados calculan que no les da la vida para preparar la defensa si tienen que estudiar la causa por turnos, a través de una mampara y sin poder intercambiar archivos.
La negativa de la prisión, según la defensa, rompe con una práctica habitual en causas con múltiples investigados. «Es perfectamente normal autorizar reuniones conjuntas cuando existen procesos paralelos o acusaciones comunes», subraya el escrito. El recurso al Supremo es, en realidad, un intento de forzar la jurisprudencia penitenciaria: si la Sala lo admite, abrirá la puerta a que otros casos de corrupción puedan articular sus estrategias sin las trabas físicas que impone el régimen ordinario.
El tribunal tendrá que decidir si la seguridad interna de la cárcel pesa más que la garantía de defensa. Mientras, Soto del Real se ha convertido en el escenario de un pulso que va más allá de las mascarillas: es la primera vez que la defensa de un exministro y la de su exasesor piden al Supremo que la cárcel se doblegue al derecho a una defensa eficaz. La respuesta llegará en días. Si el Supremo dice sí, la próxima vez que un político entre en prisión su equipo jurídico ya sabrá qué puerta tocar.