La iglesia firma un plan de reparación para víctimas sin fijar cuánto pagará
Las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia española han recibido este lunes un «sí, pero»: sí, hay un protocolo de reparación firmado por el Gobierno, la Conferencia Episcopal y el Defensor del Pueblo; pero nadie sabe cuánto dinero recibirán, ni en qué plazo, ni según qué baremos. La firma, celebrada en la sede del Ministerio de Presidencia, ha provocado un coro de reacciones a medias: alivio por el reconocimiento, desconfianza por la ausencia de cifras.
El silencio del dinero: la herida que no se cierra con un sello
Miguel Hurtado, el primero en romper el muro del silencio sobre los abusos en la Abadía de Montserrat, lo resume en una frase que arde: «Sin baremo, la reparación será un mercado de feria». Hurtado lleva décadas denunciando que los monjes de Montserrat le arrebataron la infancia. Ahora teme que la Iglesia, quien financiará las indemnizaciones, se escuda en la vaguedad para pagar menos. «El objetivo es reducir la factura de la pederastia clerical», sentencia.
El protocolo crea una Comisión Mixta —integrada por técnicos del Estado, la Iglesia y tres asociaciones de víctimas— que tendrá que decidir, caso por caso, la cuantía de la compensación. No hay mínimos ni máximos. No hay tabla según la gravedad del abuso. Solo la promesa de que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, actuará de árbitro. Las víctimas tendrán un año para presentar solicitudes. El plazo, según Hurtado, «es una burla»: muchos aún no han hablado con sus familias, otros sufren trastornos que les impiden tramitar papeles.
Irlanda queda lejos: el baremo que no llegó a la moncloa
En 2009 Irlanda cerró un acuerdo con su Iglesia que estableció indemnizaciones de hasta 300.000 euros por víctima. España opta por la vía opuesta: caso a caso, sin referencias. Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), recuerda que el Vaticano llevó años «arrastrando los pies» en las negociaciones. «Llega tarde y mal», resume. Desde CONFER, la organización que agrupa a los religiosos, se limitan a subrayar su «compromiso moral».
El temor compartido por varias asociaciones es que la falta de baremos abra la puerta a desigualdades flagrantes: dos víctimas de abusos idénticos podrían recibir cantidades muy distintas según el criterio de un técnico. Mikel Eziolatza, portavoz de la asociación navarra, avisa: «Nos da miedo el agravio comparativo». Su grupo pide que se contemple una pensión por incapacidad permanente: «Muchas víctimas no pueden mantener un empleo normal. El daño es para toda la vida».
El dinero no es todo, pero nadie lo rechaza
En la rueda de prensa posterior a la firma, Gabilondo repitió la palabra «reparación integral» hasta la saciedad. Pero las víctimas saben que la terapia cuesta y que los hospitales públicos tienen listas de espera de meses. Manuel Barbero, fundador de Mans Petites y padre de un menor abusado en los Maristas, admite que las arcas de la Iglesia «tienen que sangrar». «No se puede hablar de justicia si no hay una factura económica seria», sentencia. Barbero insiste en que la generosidad de la Iglesia será la vara de medir del protocolo.
El acuerdo permite que quienes ya fueron indemnizados por el plan PRIVA —cerrado en 2022— puedan acudir a la nueva comisión si consideran que la cantidad fue irrisoria. Es, en teoría, una segunda oportunidad. En la práctica, supone revisar más de mil casos que ya fueron valorados por la propia Iglesia sin control externo. El ministerio que lidera Félix Bolaños asegura que el proceso será «rápido y transparente». Las víctimas recuerdan que la anterior promesa terminó en compensaciones medias de 22.000 euros y en silencios que duraron décadas.
La firma del protocolo se ha cerrado con aplausos protocolarios y fotografía oficial. Detrás del gesto institucional, la cuenta atrás empieza ahora: un año para que las víctimas cuenten su historia otra vez, un plazo para que la Iglesia abra sus archivos y unos meses para que España sepa, por fin, cuánto vale una infancia robada. La música ha empezado a sonar. Falta ver quién paga la orquesta.