Mazón irrumpe en el juicio de la dana y la juez recibe su golpe maestro
Carlos Mazón ha pasado de investigado a testigo y ahora quiere controlar el expediente. El expresident de la Generalitat Valenciana ha solicitado personarse en la causa que instruye el juzgado de Catarroja por la gestión de la dana de octubre, un movimiento que los letrados califican de «jugada de ajedrez» para blindarse antes de que la Fiscalía le reproche decisiones tomadas desde la Presidencia.
La petición que la juez no puede ignorar
El escrito, presentado por el alicantino Ignacio Gally, reclama acceso íntegro a todo lo que la instructora ha ido recolectando durante meses: correos internos, informes técnicos, declaraciones de altos cargos y, sobre todo, las grabaciones de las reuniones del Centro de Coordinación de Emergencias. Fuentes próximas al expresident aseguran que Mazón quiere «conocer la verdad completa» antes de sentarse en el banquillo. Lo que nadie cuenta es que, si la juez admite la personación, podrá interrogar a quien le plazca y presentar pruebas que desmonten la hipótesis de la negligencia.
La solicitud llega días después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano rechazara investigarle por prevaricación, al considerar que su actuación fue «protocolaria». El fallo, sin embargo, dejó la puerta entreabierta: si la juez de Catarroja encuentra indicios de delito, podría reactivar la imputación. La cifra habla por sí sola: hasta 95 víctimas mortales y más de 200 millones en daños asegurados. Cada informe pericial que se suma al sumario eleva la presión sobre quien fuera máximo responsable del 112 valenciano.
Tres citaciones que no lograron doblarle
Mientras ocupó el Palau de la Generalitat, la juez lo citó en tres ocasiones. En todas, Mazón acudió acompañado de su abogado y se limitó a negar cualquier omisión. El pasado 2 de diciembre dejó el cargo y con ello la protección procesal que otorga la sede judicial de la capital. Ahora, como simple diputado del PP, ya no puede alegar aforamiento. Su estrategia ha cambiado: en lugar de esconderse tras la toga, busca sentarse en la primera fila del proceso para marcar la agenda.
El movimiento no es gratuito. El PP valenciano teme que la causa termine salpicando la campaña de 2025. La presidenta del partido, María José Catalá, ha ordenado a los suyos moderar el discurso y evitar confrontaciones con la judicatura. Pero hay un detalle: Mazón no controla la cronología. La juez podría resolver sobre su personación antes del verano y, si le admite, convocarle a declaración inmediata. Un nuevo interrogatorio en plena temporada de fuegos artificiales podría reabrir la herida del 112.
El pulso judicial apenas comienza. La instructora ha recibido ya la pericia de la Agencia Estatal de Meteorología que certifica que la dana fue «previsible» y que la Generalitat disponía de avisos con 48 horas de antelación. El informe sienta las bases para una eventual imputación por omisión de auxilio. Mazón lo sabe y por eso quiere sentarse en la mesa antes de que le sirvan el plato. En política, quien primero cuenta su versión suele imponer la narrativa. En los tribunales, sin embargo, priman los documentos. Y los papeles, advierten los forenses, empiezan a oler a humo mojado.