Muere el anestesista que infectó a 275 pacientes: 15 años tras 1.933 de cárcel
Juan Maeso ha cerrado su cuenta en un hospital de Valencia, el mismo escenario donde en 1998 empezó a tejer la mayor trama de contagio médico de la España democrática. El anestesista, condenado a 1.933 años de prisión por inocular hepatitis C a 275 personas, falleció este lunes a los 67 años, confirmó su abogado Miguel Ferrer. Libertad condicional por enfermedad desde marzo de 2023, apenas disfrutó meses de calle antes de que su cuerpo claudicara.
Un virus que se disfrazó de rutina
Lo que parecía una estadística anómala en los informes internos del Hospital de la Ribera, en Alzira, acabó siendo un mapa de dolor que se extendió por tres clínicas privadas valencianas. Los análisis revelaron un patrón imposible de ignorar: pacientes que entraban para una artroscopia salían con el hídico virus circulando por sus venas. La Agencia Española de Medicamentos rastreó jeringuillas, detectó la omisión de controles y apuntó al único denominador común: Maeso, portador crónico, reutilizaba material en sedaciones exprés.
El juicio, celebrado entre 2007 y 2008, dejó números que suenan a guión de serie: 275 contagios, 4 fallecidos indirectos y una petición fiscal de 4.230 años. El tribunal le impuso 1.933, récord en el código penal español. La cifra, más allá del simbolismo, equivalía a siete años por cada paciente al que infectó. La Audiencia de Valencia le declaró autor de 200 delitos de lesiones graves y 55 de homicidio imprudente.
De los pasillos a la celda 13
Ingresó en la prisión de Picassent en 2008. Allí pasó la mayor parte de su condena, entre batallas legales y recursos que jamás prosperaron. El tiempo, implacable, hizo lo que la justicia no: reducir su pena a la mínima expiación posible. En 2023, un juez de vigilancia penitenciaria aceptó el informe médico que describía un cuadro de cirrosis descompensada y ascitis refractaria. La libertad condicional llegó cuando ya apenas quedaba vida que proteger.
Maeso salió escoltado por la indiferencia pública. Ni una sola manifestación de víctimas, ni una sola pancarta. Los afectados, agotados tras dos décadas de procesos civiles, prefirieron el silencio. La Generalitat Valenciana desembolsó 42 millones en indemnizaciones, pero el daño reputacional sigue sin factura.
El legado que nadie pidió
Su muerte no cierra el caso; lo archiva en la memencia colectiva como advertencia de lo que puede ocurrir cuando el control externo se relaja. Las residencias de anestesia españolas incorporaron desde entonces auditorías sorpresa, trazabilidad de jeringas y test serológicos obligatorios al personal. Pero la pregunta late: ¿bastará con protocolos si el riesgo lleva bata?
Maeso se lleva la respuesta. Murió sin pedir perdón, sin declaraciones públicas, sin un solo gesto de reparación. En el registro civil de Valencia consta su fallecimiento; en el registro moral, su nombre sigue siendo un síntoma que no remite.