Osorio apeló la absolución de aníbal fernández y pide que casación devuelva millones desviados
El fiscal Miguel Ángel Osorio no se dio por vencido. A poco más de dos meses de la sentencia que dejó en libertad a Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y otros doce acusados por el desvío de fondos del programa Fútbol para Todos, presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se anule el fallo y se condene a los principales implicados. La jugada judicial apunta a devolver al centro de la escena el millonario daño económico que, según la acusación, sufrieron los clubes y la propia AFA.
La sentencia que ahora cuestiona Osorio fue dictada el pasado 11 de marzo por el Tribunal Oral Federal N°1 de Buenos Aires. Los jueces absolvieron a todos los imputados al considerar que el alegato fiscal era «confuso e insuficiente» y que, por tanto, había vulnerado el derecho de defensa. Con ese argumento, levantaron los embargos sobre los bienes de los acusados y cerraron la causa sin analizar el fondo: dónde fueron a parar los 3.400 millones de pesos que el Estado transfirió a la AFA entre 2009 y 2015.
La apelación que reabre la herida
Osorio sostiene que el tribunal se equivocó. En 226 páginas, el fiscal desgrana que el requerimiento de elevación a juicio cumplió con los requisitos formales, que las defensas conocieron desde el inicio los hechos que se les imputaban y que, en todo caso, la supuesta «confusión» debió resolverse reinterpretando la acusación, no anulándola. «El tribunal asumió funciones que no le competen», advierte el recurso, y pide que Casación «juzgue el fondo» y dicte condenas por administración fraudulenta y violaron deberes de funcionario público para Fernández, Capitanich, Luis Segura, Carlos Pandolfi, Norberto Monteleone y Natale Rigano.
El fiscal no pide cabeza de todos. Para los restantes ocho implicados —entre empresarios y directivos de fundaciones— pide que se confirme la absolución por falta de pruebas. Pero quiere que se decomisen bienes y fondos, se repatríe el dinero a la AFA y los clubes, y que el beneficio irregular obtenido por IVECO —un 75,76 % menos del valor oficial en publicidad— reverta al ENARD, el ente que financia el deporte de alto rendimiento en Argentina.
El agujero negro del dinero público
La investigación reveló que el dinero del Tesoro nacional no llegó íntegro a los clubes. Parte se fugó a través de cajas de seguridad en Santander Río y HSBC, donde se depositaron 2,2 millones de dólares. Otro tanto se canalizó a la Fundación El Futbolista y a sociedades financieras vinculadas a directivos de la AFA que, al mismo tiempo, prestaban servicios a los clubes. El caso IVECO es emblemático: el Estado compró camiones sin licitación previa y a precios que nadie justificó técnicamente. El ahorro para la empresa, según Osorio, fue el sobreprecio para el erario.
Las defensas insistieron en que, una vez transferido el dinero, la AFA se convertía en un ámbito privado y que los controles eran internos. Pero el fiscal responde que el artículo 175 del Código Penal castiga al funcionario que «diere al particular dinero del Estado» sin exigir contraprestación clara. Y que, además, el dinero seguía siendo público mientras no llegara a destino.
El recurso ya entró en sorteo para ser sorteado al tribunal de Casación. Si prospera, Fernández y Capitanich podrían volver al banquillo. Y los clubes, que nunca cobraron lo prometido, tendrían una segunda oportunidad de recuperar lo que les pertenece. El reloj judicial corre: la Cámara tiene 90 días para resolver. El fútbol argentino, mientras tanto, sigue mirando la pelota. y la cuenta bancaria.