Perú frena su 5g: el decreto ambiental que encarece cada torre
Lima amaneció ayer con 55 % menos antenas de las que necesita para 2025 y un decreto que obliga a cada operadora a presentar un estudio de impacto ambiental antes de clavar un poste. El gobierno quiere árboles; las empresas, cables. Entre medias, 14 millones de peruanos siguen sin internet en casa.
El mtc carga la brújula verde contra el router
El Decreto Supremo N.° 023-2024-MTC, publicado en diciembre, equipara una antena 5G con una mina de cobre: misma declaración de impacto, mismos plazos, misma sanción. La jugada obliga a Movistar, Claro y Entel a reabrir expedientes de torres que ya funcionan y a contratar consultoras ambientales autorizadas por el Ministerio del Ambiente (MINAM). El resultado: cada proyecto rural se encarece entre 80 000 y 120 000 soles, según cálculos internos de ASIET.
La asociación, que agrupa a las mayores telcos de América Latina, denuncia que el reglamento «ignora la escala real del daño». Una torre de 40 metros consume el mismo espacio que dos postes de luz, pero deberá someterse a audiencias públicas, monitoreos de fauna y planes de reforestación que pueden demorar hasta 18 meses. Mientras, el país pierde carrera contra Chile y Colombia, donde desplegar una estación base lleva 45 días.
La brecha se mide en soles y en días sin whatsapp
Al cierre del año pasado, 6,2 millones de hogares —el 45 %— aún navegaban desde la cabina del vecino o directamente no navegaban. La brecha rural es más cruel: en Apurímac y Huancavelica el acceso fijo no llega al 10 %. Para cerrarla en cinco años se requieren 12 000 millones de soles; para alcanzar un estándar de calidad 4G/5G, la factura se dispara a 28 000 millones. El decreto ambiental, advierten las operadoras, suma entre un 8 % y un 12 % al costo de cada nueva torre, lo que vuelve inviables los proyectos en zonas donde el retorno de inversión ya es negativo.
El MTC responde que «la conectividad no puede ser excusa para saltarse la evalu ambiental». Pero hay un detalle: entre 2020 y 2023 solo el 8 % de las fichas técnicas presentadas pasó el filtro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El resto quedó en un limbo de observaciones que las empresas atribuyen a criterios cambiantes y no publicados.
La reunión que no arranca
Este miércoles debía celebrarse la mesa técnica entre MTC, MINAM, AFIN y AmCham. A última hora se postergó sine die. En los pasillos de San Isidro se comenta que el MINAM exige mantener intacto el artículo 7 —el que obliga a re-certificar hasta los cables de fibra óptica— a cambio de flexibilizar los plazos. Las operadoras, en cambio, piden un reglamento sectorial propio, similar al que ya rige en España o Argentina, donde las antenas se clasifican por potencia y ubicación, no por tonelada de CO₂.
Mientras tanto, el reloj corre. Para 2025 Perú necesita 33 535 torres adicionales; a ritmo actual llegará con 12 000. Cada día de demora deja a 1 200 peruanos fuera de la economía digital. La última vez que el país se quedó atrás en infraestructura —durado el boom del cobre— tardó una década en recuperar el terreno. Ahora el metal es la información y el precio se paga en años de escuela virtual y trámites que no existen en la región.
En la sede de ASIET cuelga un mapa: las zonas sin cobertura 4G coinciden con las de pobreza extrema. El mensaje es brutal: cada trámite ambiental extra condena a un niño de Huancavelica a seguir estudiando con fotocopias. El gobierno puede elegir entre salvar árboles o salvar oportunidades. Hoy, los árboles llevan la delantera por 106 000 millones de soles de diferencia.