Adorni bajo la lupa: un préstamo fantasma de 200 mil dólares que nadie recuerda
Manuel Adorni compró un departamento en Caballito por 230 mil dólares sin tener un peso ahorrado. Lo financiaron dos jubiladas que ahora juran no conocerlo. Esa contradicción ya tiene número de causa en Comodoro Py.
El silencio de las acreedoras
Beatriz Viegas y Claudia Sbabo figuran en la escritura como prestamistas. Firmaron un crédito por 200 mil dólares a favor del jefe de Gabinete. Ambas tienen 70 años, viven en el mismo edificio de Adorni y, cuando los investigadores llamaron a su puerta, respondieron lo mismo: «No lo conocemos». La frase, repetida ante la prensa y ante el fiscal Gerardo Pollicita, desató el primer temblor en la versión oficial.
La operatoria se cerró el 18 de noviembre de 2025. En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que Adorni recibió la llave sin desprenderse de su anterior casa en Parque Chacabuco, un dato que no aparece en la declaración jurada que presentó días después ante la Oficina Anticorrupción. Tampoco mencionó el country Indio Cuá Golf Club, donde su esposa Julieta Angeletti aparece como titular de un chalet que vale más que el sueldo anual del portavoz presidencial.
La escribana que atestiguó el vacío
Adriana Nechevenko rubricó la escritura. En los tribunales ya la apodan «la notaria del silencio» porque, según el informe dominio al que accedió La Nación, omitió consignar la tasa de interés, el plazo y la garantía del préstamo. Es decir: documentó una deuda sin condiciones. Pollicita la citó a indagatoria para que explique cómo se construye un crédito hipotecario sin una sola cláusula de cobro.
El fiscal le pidió al juez Ariel Lijo allanamientos en los registros de propiedades, vehículos y cuentas bancarias de Adorni y su cónyuge. La hipótesis: enriquecimiento ilícito por administración fraudulenta de bienes públicos. El artículo 268 del Código Penal prevé hasta seis años de prisión para quien oculta activos al Estado.
El boomerang de la resolución 192/2024
El 6 de diciembre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial la norma que obliga a todo funcionario nacional a informar a la UIF cualquier operación inmobiliaria superior a 50 mil dólares. Adorni, como jefe de Gabinete, debía presentar el formulario dentro de los 30 días hábiles posteriores a la compra. Nunca lo hizo. Esa omisión ya es, por sí sola, un delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los denunciantes —Paulón, Juliano y Ferraro— ampliaron la presentación para incluir la propiedad de Exaltación de la Cruz. Allí el valor asciende a 350 mil dólares y la titularidad está a nombre de la esposa, aunque el dinero salió de una cuenta conjunta. La UIF detectó que los fondos ingresaron en dos giros desde una sociedad offshore radicada en Delaware. El nombre de la firma: Southern Patagonia Investments LLC, constituida diez días antes de la operación.
Mientras tanto, Adorni sigue dando conferencias de prensa en Casa Rosada. Ayer, cuando le preguntaron por la denuncia, sonrió y dijo: «Mi vida patrimonial es transparente». Transparente como un espejo roto: se ve algo, pero nunca la imagen completa.