La corte suprema decide si trump puede negar la ciudadanía a bebés nacidos en ee.uu.
Washington vibra. El miércoles, los nueve magistrados de la Corte Suprema escucharán si Donald Trump puede borrar de un plumazo la ciudadanía de miles de recién nacidos cuyos padres carezcan de papeles o residan con visados temporales. La orden ejecutiva, firmada el primer día de su segundo mandato, ya está congelada, pero su lógica golpea la puerta del tribunal: ¿el presidente puede reinterpretar la Enmienda 14 y 128 años de jurisprudencia?
La batalla por el derecho de nacimiento
Nadie discute que la frase «sujetos a la jurisdicción» fue redactada en 1868 para garantizar la igualdad tras la guerra civil. Lo que hoy se discute es si esa jurisdicción excluye a quienes violan la ley migratoria. El abogado general D. John Sauer lo sostiene: «Los padres sin estatus legal no deben lealtad plena». Un argumento que, de prosperar, abriría la puerta a una casta de apátridas dentro del propio territorio.
La demanda lleva por nombre Trump v. Barbara, una madre salvadoreña que parió en Nueva Hampshire mientras aguardaba la resolución de su caso de asilo. Su hijo, aún sin certificado de ciudadanía, representa a una clase de miles de bebés que, según la orden, serían extranjeros desde la cuna. El juez de distrito Joseph Laplante bloqueó la medida; la administración saltó la Corte de Apelaciones y apeló directamente al Supremo. El tribunal aceptó. El reloj corre: sentencia antes de julio.
¿Una revolución constitucional?
La defensa cita el caso Wong Kim Ark de 1898: un chino nacido en San Francisco que la Corte declaró ciudadano a pesar de la Exclusion Act. Pero el gobierno responde que aquella sentencia se limitó a residentes permanentes, no a turistas ni indocumentados. El ACLU replica con un documento de 1844, Lynch v. Clarke, donde un tribunal de Nueva York ya reconoció como «natural born citizen» al hijo de irlandeses de paso. El precedente más antiguo, advierten, desmonta la tesis de Trump.
La jugada es arriesgada. Si el Supremo avala la orden, millones de estadounidenses —hasta tercera generación— quedarían técnicamente sin ciudadanía. El Congreso demócrata avisa: «Serían expulsados del padrón electoral, sin pasaporte, sin Medicaid». Un escenario que, según el demógrafo Jeffrey Passel, afectaría a 4,5 millones de menores ya registrados. La Casa Blanca, no obstante, insiste en que la medida es «prospectiva» y que no se revocarán documentos ya emitidos. La promesa tranquiliza poco: la interpretación legal, una vez validada, podría extenderse.
Trump ya calentó motores este lunes en Truth Social: «¡Jueces tontos no hacen un gran país!». Un aviso a la Corte que, paradójicamente, él mismo moldeó con tres nombramientos. El presidente apuesta todo a una lectura restrictiva de la jurisdicción; la oposición, a preservar el ius soli como tarjeta de presentación de la república. Dentro del aula de mármol, la discusión será técnica. Fuera, en los hospitales de maternidad de Texas o California, la ansiedad crece: el parto ya no es solo un acto de vida, sino una lotería de papeles.
La última vez que la Corte le dio la espalda a Trump fue en febrero, cuando tumbaseis aranceles por emergencia. Ahora el tablero es más conservador, pero la Enmienda 14 ha resistido guerras, depresiones y ataques previos. El veredicto llegará con el verano. Si la orden cae, Trump sumará su segunda gran derrota judicial del año. Si prospera, la historia de la ciudadanía estadounidense cambiará de nombre: dejará de nacer con el sol de la constitución y dependerá, literalmente, del lugar que ocupan sus padres en la cola del consulado.