Postobón pierde la partida: el tribunal frena el veto a retiro de cesantías
El Tribunal Superior de Medellín le puso el candado a las empuretas de Postobón. La multinacional de bebidas intentó negarle a un empleado 6,1 millones de pesos de su propio fondo de cesantías con la excusa de que el lote que iba a comprar quedaba en Santander, no en su ciudad de residencia. Fallaron. La Sala Séptima dictaminó que la empresa solo puede revisar papeles, no jugar a ser adivina del destino inmobiliario de sus trabajadores.
El trabajador, ingeniero de la planta, necesitaba ese dinero para cerrar un negocio de 60 millones. Postobón se inventó que el terreno no sería para vivienda y se negó a firmar. Error. La ley 50 de 1990 y el decreto 1072 de 2015 son tajantes: la cesantía es un mes de salario por año trabajado y el empleado puede usarlo para comprar lote, casa o matrícula universitaria si presenta la documentación mínima. Punto.
El límite rojo para las rrhh
Desde ahora, cualquier área de recursos humanos que exija cartillas adicionales, promesas de ocupación inmediata o justificaciones sobre el uso futuro del bien estará incurriendo en extralimitación funcional. El tribunal deja claro que la tarea termina en verificar: cédula, carta de autorización y promesa de compraventa o certificado de libertad. Nada más. El empleador que se pase de listo se expone a demanda por negación abusiva, aunque deberá el trabajador demostrar el perjuicio real y su cadena causal.
En este caso, la Sala negó la indemnización de 20 millones que pedía el demandante. ¿Por qué? El contrato requería 40 millones de entrada y el ingeniero no probó tener el resto. La cláusula penal que terminó pagando no se originó por la negativa de Postobón, sino por su propio desfase de caja. Lección: la tutela laboral protege el derecho, no resuelve la mala planificación personal.
El precedente, sin embargo, es una losa en el pie de las multinacionales que han convertido el trámite de cesantías en un calvario de formularios y entrevistas. Ahora saben: si el folder está completo, la firma es obligatoria. Y si se niegan, el próximo fallo podría incluir una indemnización que sí duela.
En Colombia hay 14 millones de trabajadores formales y cada año se consignan 40 billones de pesos en cesantías. La mitad de esos fondos permanece congelada por miedo administrativo o burocracia corporativa. La sentencia de Medellín les abrió la válvula. El próximo 15 de febrero, cuando venza el plazo de pago, muchos relojes marcarán el minuto exacto en que las empresas deberán entregar lo que ya es, desde hace treinta y cuatro años, propiedad del trabajador.