Senasa corta la burocracia portuaria: un solo formulario para gestionar toneladas de residuos
El barco ya no espera. Desde esta semana, las agencias marítimas que ingresan desechos de origen animal y vegetal a la Argentina dejan de llenar pilas de papeles. Con un clic cargan en el sistema Sigres el aviso de llegada y la trazabilidad corre por cuenta del Estado. La promesa: horas menos en puerto y costos que dejan de sangrar los presupuestos de navieras y exportadores.
El formulario que atrapa toneladas de papeles
La coordinación General de Fronteras y Barreras Sanitarias del Senasa entrenó a quince compañías afiliadas al Centro de Navegación Argentino (CNA). El mensaje fue claro: basta de duplicar datos. Ahora, el mismo sistema digital vincula al capitán del buque, al tratador de residuos y al inspector de planta. El resultado: la autorización que antes demoraba una jornada entera hoy se resuelve en menos de dos horas.
Lo que nadie cuenta es que detrás de esa reducción hay un ejercicio de poder discrecional. El Senasa centraliza la información y, de paso, se asegura el control. Los privados ganan velocidad; el Estado, llave de acceso a cada contenedor que toca muelle.
Los tratadores ya no son fantasas digitales
Hasta ayer, las empresas especializadas en incinerar o esterilizar restos orgánicos aparecían solo como una líza en la planilla. Ahora tienen usuario propio y deben subir la confirmación de recepción y el certificado de tratamiento. El intermediario que pedía «coimas de agilidad» quedó desnudo: la plataforma lo reemplaza con un sello electrónico que no se negocia.
La cifra habla por sí sola: cada buque internacional genera entre 150 y 400 kilos de residuos regulados. Multiplíquese por los 4.800 arrivos anuales en los puertos de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca. El ahorro en horas de escala supera las 20.000 anuales, según cálculos internos del CNA. Traducción: más barcos por muelle sin extender la infraestructura.
El costo que no aparece en los manuales
La simplificación tiene un precio oculto. El Senasa exige que los tratadores estén inscriptos en el Registro de Establecimientos Habilitados y que paguen una tasa anual que ronda los 200.000 pesos. Las grandes compañías la absorben; las pymes locales, no. El efecto inmediato: concentración del mercado en tres grupos que ya controlan el 72 % de la capacidad de incineración del país.
Pero hay un detalle que inquieta a los capitales extranjeros. El nuevo sistema obliga a declarar el destino final del residuo antes que el barco fondee. Si el tratador no confirma recepción, la carga queda retenida. Esa cláusula blinda al Estado contra juicios por contaminación futura y trasladó el riesgo legal a los privados.
El cierre de la conferencia fue demoledor. La funcionaria que comandó el entrenamiento cerró la laptop y soltó: «A partir de ahora, si el residuo aparece en cualquier parte que no sea nuestra base de datos, la multa es del 0,5 % del valor FOB de la mercancía que traía el barco». Nadie preguntó qué pasaría si el sistema se cae. La respuesta ya la conocen los operadores: el puerto no para, pero la multa tampoco se duerme.