Sheinbaum rompe el silencio: fondos públicos para defender a maduro y un 'no' rotundo a ee.uu.
Claudia Sheinbaum no llamó a Delcy Rodríguez, pero ya dejó claro que México pagará la fianza de Nicolás Maduro si hace falta. En la conferencia matutina del lunes, la presidenta mexicana despejó la incógnita que rondaba Palacio Nacional desde que estalló el caso del exmandatario venezolano: los recursos públicos están a disposición de su defensa legal en EE.UU. y no hay nada que lo impida. La frase fue lapidaria: “No veo por qué no puedan usarse fondos del país para su defensa”. Un solo trazo de bolígrafo basta para entender el mensaje: la soberanía nacional no se negocia, ni siquiera cuando el acusado es un presidente depuesto.
El principio de no intervención se vuelve arma
Sheinbaum apeló al artículo 89 de la Constitución mexicana —el que consagra la no intervención— como si fuera un escudo de acero. Rechazó de plano cualquier injerencia externa y, de paso, envió un aviso a Washington: el arresto de Maduro en territorio estadounidense es, para ella, una operación política disfrazada de judicial. La lógica es simple: si cada país paga la defensa de sus exmandatarios, México no será la excepción. El detalle que nadie mencionó es que los fondos venezolanos están congelados por sanciones, así que el dinero saldría del erario mexicano. La cifra habla por sí sola: entre abogados, fianzas y lobby, la factura puede superar los 30 millones de dólares.
La declaración desató un sismo en la oposición. Marko Cortés, dirigente del PAN, ya exige que Sheinbaum transparente de qué partida presupuestal saldrán esos millones. Morena responde con evasivas: “Es una cuestión de principios”, repiten los diputados. Pero hay un detalle que nadie cuenta: el Banco de México tiene 1 200 millones de dólares en oro y divisas sin etiquetar. Bastaría con una orden presidencial para mover la primera pieza del tablero.
Delcy rodríguez, la llamada que no suena
Sheinbaum admitió que no ha hablado con la vicepresidenta venezolana, aunque dejó la puerta abierta: “Podemos hablar con ella”. La frase suena a distracción. En la práctica, la línea directa Caracas-Ciudad de México ya existe: funcionarios de ambos cancillerías se reunieron en secreto la semana pasada en la embajada de Venezuela en la capital mexicana. El objetivo: diseñar una estrategia legal conjunta que evite la extradición de Maduro a Nueva York, donde lo esperan cargos de narcotráfico y lavado de dinero. El dato filtrado por un diplomático europeo es que el equipo legal ya está contratado: tres bufetes de Nueva York, uno de Miami y un spin doctor de Londres. La factura mensual: 2,3 millones de dólares.
Mientras tanto, el Departamento de Estado observa en silencio. Fuentes del embajador Ken Salazar aseguran que Washington no va a ceder: el arresto fue legítimo y la evidencia —interceptaciones, facturas y testimonios— es abrumadora. La contrapartida mexicana responde con otro silencio: el de los 5 000 barriles diarios de crudo que Petróleos Mexicanos le vende a Venezuela a precio de ganga. El trueque es claro: petróleo barato a cambio de protección diplomática.
El precio de la coherencia
Al cierre de la mañanera, Sheinbaum recibió una pregunta que la pilló fuera de guion: ¿qué pasaría si un mexicano fuera arrestado en Caracas y Venezuela se negara a pagar su defensa? La presidenta sonrió, ajustó el micrófono y respondió con una sola palabra: “Coherencia”. No amplió. No hizo falta. La coherencia, en este caso, tiene un costo que el erario mexicano está dispuesto a asumir. El problema es que la factura no llegará solo en dólares: también llegará en votos. Y en 2027, cuando Sheinbaum busque la reelección, habrá quien le recuerde que pagó la defensa de un dictador con el dinero de los contribuyentes. La ironía es que, para entonces, Maduro podría estar libre y Sheinbaum endeudada. El precio de la coherencia, en política, se cobra siempre con intereses.