Venezuela condena a los trans: 140 asesinatos y un nombre que no es el suyo
El carné de identidad de Daniela aún dice David
. Cada vez que paga impuestos, pide una cita médica o firma un contrato, la firma que estampa no es la suya. En Venezuela eso no es un trámite molesto: es una sentencia de exclusión que empieza en la oficina del registro civil y termina, demasiadas veces, en una fosa común.Una guerra silenciosa que suma 140 muertos
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ lleva la cuenta desde 2008: 140 personas trans asesinadas en 17 años. La cifra habla por sí sola: casi un cadáver cada mes, producto de una violencia que el Estado niega y la sociedad normaliza. La impunidad es total: no hay un solo caso resuelto, ni una sola reparación. El mensaje es claro: matar a un trans es gratis.
La falta de políticas públicas no es un vacío: es una trampa diseñada adrede. Sin ley de identidad de género, sin matrimonio igualitario y con una Administración que se rige por la interpretación más rancia del Código Civil, Venezuela se ha convertido en el rezagado de Sudamérica. Mientras la Argentina firma protocolos de hormonización gratuita y Colombia consagra la inclusión laboral, Caracas mantuvo este martes su habitual silencio el Día Internacional de la Visibilidad Trans.
El documento que decide tu vida
El artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil promete rectificar nombres, pero el trámite es una odisea burocrática que puede durar años. Venezuela Igualitaria exige que se publique el instructivo reglamentario en Gaceta Oficial; llevan esperando desde 2021. Mientras tanto, presentar un papel con el nombre «equivocado» es motivo de burlas, rechazos y, en la calle, de puñaladas.
La cadena de humillaciones empieza en la escuela. Un docil que no comprendió por qué su compañero de banco lloraba cuando le gritaban «marica», se convierte en un adulto que acepta trabajos informales porque ninguna empresa quiere a «una empleada que parece hombre». La economía sumergida se nutre de este ejército de mal pagados: peluquerías a domicilio, prostitución, venta de ropa pirateada. El círculo vicioso cierra cuando la falta de ingresos le impide pagar la rectificación del documento. Pobreza administrada con firma y sello.
La culpa es de la sociedad, pero la responsabilidad es del estado
La sociedad venezolana arrastra herencias coloniales y reglas religiosas que condenan cualquier disidencia. Poco ha cambiado desde que la Inquisición quemaba sodomitas en la plaza Mayor de Caracas. Lo nuevo es que ahora el aparato de gobierno usa esa homofobia cultural como excusa para no legislar. El chavismo, que se jacta de revolucionario, mantiene los mismos códigos morales que la oligarquía que decía combatir.
La apuesta es perversa: negar derechos a un colectivo invisible electoralmente. Las personas trans no representan un número que decida elecciones, así que su sufrimiento es un daño colateral aceptable. El cálculo político es frío: protegerlos no suma votos; ignorarlos tampoco resta.
El resultado es un país donde la identidad es un privilegio de clase media que puede pagar un abogado y un psiquiatra forense. Para el resto, la única opción es emigrar: diariamente cruceros de autobuses rumbo a Chile o Perú transportan sueños y pelucas. Muchas terminarán lavando platos con nombre de nacimiento, pero al menos vivirán.
La frontera se convierte así en el único documento de identidad que importa: el sello migratorio que dice «salida». Mientras tanto, Daniela sigue firmando «David» y la cuenta de 140 cadáveres crece sin que nadie, en Miraflores, se inmute. Venezuela no solo niega el nombre de sus ciudadanos trans: les niega la posibilidad de tener historia propia. Y eso, en el siglo XXI, es el asesinato más silencioso de todos.